Ciencia económica y compraventa de órganos

Hace unas semanas, el Profesor José Luis Ferreira escribió un post en su blog Todo lo que sea verdad[1]sobre el nombramiento de Ángel de la Fuente al frente de FEDEA. A pesar de que el texto en sí no tiene ningún interés, en el hilo de comentarios el Profesor Ferreira tuvo que responder a las críticas que negaban la condición de ciencia a la economía. Este debate, mucho más instructivo, permitió que dicho profesor aportase una prueba supuestamente irrefutable de la condición científica de la economía. Es la siguiente:

Ejemplo, pues, de ley económica (o regularidad empírica con modelo o teoría detrás que la explica): Si pones un precio máximo a un bien desaparecerá del mercado legal y solo se encontrará en el mercado negro a un precio superior al que tenía antes de introducir el precio máximo. Ley terca como ella sola. Los últimos que la han sufrido en carne propia son los venezolanos.

Como es lógico, esta falacia fue rápidamente refutada, porque esto no es una ley científica. Es una observación de un fenómeno y su explicación, pero no una ley que establezca causalidad alguna. De hecho, este ejemplo evidencia que el Profesor Ferreira cree que la economía de mercado es un ente natural, atemporal y universal que siempre ha estado ahí (antes de la existencia misma de la humanidad) y que no está condicionada por la sociedad. Este ejemplo tan burdo es sintomático de su limitada comprensión del mundo que, probablemente, ha desarrollado gracias al ejercicio constante de una disciplina reduccionista como la economía. No obstante, merece rebatirse para entender qué están defendiendo los economistas mainstream.

Si el poder político no es capaz de lograr que la regulación de precios funcione, porque los individuos racionales maximizadores de su propio bienestar venderán los bienes regulados en el mercado negro para obtener mayores beneficios, deberemos aceptar que el poder político todavía será más incapaz de prohibir la comercialización de determinados bienes. Como es evidente, algún lector habrá saltado ya de alegría al comprobar cómo le he dado la razón al Profesor Ferreira, ya que existe un amplio mercado negro de bienes y servicios prohibidos como la prostitución y las drogas. El problema es que en España la prostitución no es ilegal, es alegal y no está perseguida penalmente. Es más, su condición jurídica varía dependiendo de las sociedades y algunas son muy eficientes en su persecución. De igual modo, el consumo de drogas es completamente legal en España. Sólo su venta, porque afecta a terceros, es ilegal. Si el consumo también fuese ilegal, la policía sería mucho más eficaz en la lucha contra el tráfico de drogas, aunque eso entraría en conflicto con el principio de libertad individual recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el hecho de que España sea una sociedad extremadamente liberal respecto de la privacidad de los otros explica también la amplia práctica de tolerancia hacia la prostitución y el consumo de drogas. Dos actividades económicas incentivadas por los poderes públicos para promocionar nuestro sector turístico. En definitiva, cuestiones culturales y sociales que no están estrictamente relacionadas con los mecanismos de la economía de mercado, por mucho que les pese a los apóstoles del Economic Imperialism.

Por otra parte, en España la venta de sangre está prohibida. Sólo puede donarse y nuestro sistema parece bastante eficiente: no tenemos mercado negro de compraventa de sangre, excepto si está relacionada con el dopaje deportivo. Como es obvio, se replicará que como hay oferta suficiente de sangre para cubrir la demanda eso impide que prolifere el mercado negro, pero este tipo de argumentos positivos respecto de la eficiencia del sistema público ajeno a los incentivos de mercado están censurados por la ciencia económica. De hecho, a día de hoy se implementan incentivos monetarios para aumentar la recolección de sangre mediante la privatización de la gestión de los bancos de sangre, aunque está prohibido que les vendamos nuestra sangre y sólo podemos donarla. Situación kafkiana de la que Ferreira debería salir defendiendo la venta libre de sangre cómo la única forma de evitar la escasez de este bien, si bien tampoco hay escasez a pesar de que no hay libre mercado de sangre y, menos aún, mercado negro. ¡Qué complicada es la realidad cuando la contrastas con las leyes económicas!

Sin embargo, sí tenemos una demanda que no podemos cubrir: la de órganos. España tiene el sistema de trasplantes más eficiente del mundo, el sistema más alejado de cualquier práctica propia de la economía de mercado, un sistema fundado en la solidaridad y el compromiso activo de la ciudadanía, porque todos somos donantes si no expresamos lo contrario. Pero, a pesar de todo esto, no hay suficientes órganos para todos y, pese a todos los pesares, su compraventa está prohibida. No es que el poder político imponga un precio máximo, es que prohíbe la venta e incluso la donación que no sea anónima. De hecho, la donación debe ser anónima para evitar posibles casos de compraventa. Como es evidente, según la ley económica enunciada por el Profesor Ferreira nuestras calles deberían estar repletas de traficantes de órganos. Debería ser tan fácil encontrar anuncios de agencias de contactos como de intermediarios de riñones.

No obstante, esto no ocurre, aunque sí hay mercado negro de órganos como, lamentablemente, parece indicar el misterioso caso de Carlos Fabra y su yerno Juan José Güemes. Pero, aún así, parece que el poder político es bastante eficiente en su control. Esto se debe a que la sociedad entiende que la compraventa de órganos está mal y, en consecuencia, no colabora con estas prácticas y las denuncia. El lucro importa un rábano, porque la mayoría de personas hace lo que consideran que está bien. Por esa razón, los economistas se empeñan tanto en convencernos de que la avaricia es buena, porque, de este modo, se legitima socialmente este tipo de comportamientos antisociales. Si los economistas no soltasen tanta propaganda, no lo duden, la sociedad sería mejor.

Es posible que algún lector considere que exagero y que soy injusto. En ese caso, le aconsejaría leer la simpatía que Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner profesan en Superfreakonomics por la compraventa de órganos, elogiando a Barry Jacobs por intentar fundar en 1983 la primera compañía privada dedicada al comercio internacional de riñones, así como sus críticas al Congreso por prohibir rápidamente dichas prácticas en la National Organ Transplant Act. En resumen, la ciencia del Profesor Ferreira defiende la compraventa de órganos. Es la única conclusión coherente a partir de la ley con validez universal que él ha anunciado como irrefutable y, por esa misma razón, Levitt, economista prestigioso y discípulo de Gary Becker, aboga por ella. Esto es ciencia y, como es una ciencia objetiva, hay consenso.

Imagino que los economistas serios y decentes que leen este post ya habrán replicado que nuestros órganos vitales no son equiparables a una commodity, porque los necesitamos para vivir e incluso si nos desprendiésemos de un riñón sería tal nuestra desesperación que la venta no podría realizarse libremente, aunque este argumento tiene poco recorrido. Son millones las personas que aceptan realizar trabajos mal remunerado y tremendamente peligrosos para su integridad física libremente y, por lo general, sólo en el mercado ideal existen las transacciones voluntarias entre iguales. Siempre hay situaciones de dominio sobre otros que aceptan rebajarse y someterse a la autoridad del empleador. De igual modo, si algún economista cree que legalizar la compraventa de órganos podría generar incentivos perversos que facilitasen el fraude e incluso la coacción sobre los donantes, habría que recordarles que esa es la forma normal de operar del libre mercado y que los bancos de órganos no tratarían de forma especialmente peor a sus donantes que en la actualidad tratan los bancos hipotecarios a sus deudores. Cualquier crítica que se hiciese contra la compraventa de órganos mediante argumentos de carácter pragmático o utilitaristas que aspiren a tener un carácter racional o científicos serían incoherentes, porque podrían aplicarse a cualquier situación de mercado. Sólo podrían tener una justificación moral fundada en el principio de que consideramos que la compraventa de órganos está mal, porque no son bienes que puedan someterse a transacciones monetarias. Es decir, que sólo nuestra oposición a que todo pueda venderse y comprarse podría justificar esta negativa. Se trataría de una cuestión moral y/o cultural y, curiosamente, la moral y nuestra cultura parece que alteran con éxito esas leyes universales de la ciencia económica.

En este sentido, tampoco es necesario acudir a un ejemplo tan extremo como la compraventa de órganos. Con las donaciones de esperma ocurre un fenómeno similar. En Estados Unidos el semen cotiza y los blancos anglosajones con estudios universitarios sin antecedentes de enfermedades genéticas en su familia reciben más dinero por sus espermatozoides, porque sus demandantes tienen mayor poder adquisitivo. Si bien es cierto que dichas prácticas se intentan esconder por su contenido claramente racistas, no existe en el país ninguna regulación legal al respecto. Por el contrario, en España se trata de un bien con un precio máximo limitado por el gobierno, porque el esperma no puede venderse: se dona y se recibe una compensación fijada por las molestias. Como es evidente, el esperma sí podría equipararse con una commodity, porque los hombres pueden producirlo en cantidades significativas y desprenderse de él con relativa facilidad. Sin embargo, en España no hay mercado negro de semen. ¿Por qué? Principalmente, porque no hay demanda de determinados tipos de espermatozoides, ya que España no es una sociedad racista hipercompetitiva que cree en la genética como los norteamericanos. Aquí los padres no creen que sus hijos vayan a ser más listos por tener los genes de un superdotado ni tampoco creen siquiera que un puntaje más alto en un test de CI le vaya a dar la felicidad o servir para algo en la vida. En consecuencia, no están dispuestos a pagar más para que sus hijos tengan los ojos azules y alguna oportunidad de entrar en Harvard. Es posible que esto cambie gracias a la labor de reproducción ideológica que hacen los economistas y sus planes de ingeniería social y que, en breve, tengamos a padres histéricos de clase alta dispuestos a pagar cantidades ingentes de dinero para hacerse con los espermatozoides de personalidades distinguidas. Después de todo, estos académicos son los principales responsables de que los mantras de Dawkins y Pinker se repitan en periódicos y revistas, a pesar de no tener ni idea de genética o de paleontología. Es más, incluso los economistas argumentarían que esa falta de presión, de necesidad en adquirir los mejores genes, es sintomática de la falta de competitividad de nuestra economía. La culpa sería del poder e influencia de la Iglesia católica en nuestra sociedad, origen de nuestro atraso (los economistas, a la hora de la verdad, sólo repiten tópicos anglosajones de la Black Leyend, aunque después digan no les gustan las explicaciones culturalistas porque son acientíficas). Si España fuese un país moderno y avanzado, su población creería en la genética, pero, por culpa de ser latinos, el darwinismo no se difundió y, por eso, estamos atrasados científicamente. El problema de este argumento es que sería falso. España fue uno de los países europeos que más rápidamente incorporó la tesis de la evolución darwinista al temario oficial del bachillerato y, a finales del siglo XIX, incluso los pensadores carlistas aceptaron a regañadientes que se explicase en las aulas. Esto, empero, no significó que el darwinismo social se difundiese entre la sociedad, ya que tanto los pensadores católicos como los demócratas se mostraron contrarios a las lecturas sociales del darwinismo por considerarlas acientíficas y amorales. (Sobre este punto, perdonen que me cite a mí mismo: Sirera Miralles, Carles: “Neocatolicismo y darwinismo en las aulas: el caso del instituto provincial de Valencia”, AYER 81, 2011, 241-262. Nota: es bastante paradigmático haber tenido que soportar los insultos de economistas y sociólogos varios respecto de mi ignorancia sobre Dawkins y la evolución, cuando son ellos quienes carecen de cualquier publicación académica al respecto).

Por lo tanto, es nuevamente una cuestión cultural la explicación de la falta de presión social para instaurar un libre mercado de compraventa de semen en España. Las leyes de la economía parece que sólo funcionan correctamente en sociedades anglosajonas ultraindividualistas e hipercompetitivas, pero, claro, es que el liberalismo no es natural o racional, es una construcción cultural. El liberalismo es WASP y cuando hay que extenderlo por el mundo suelen surgir conflictos religiosos, culturales y raciales por esa misma razón. De igual modo, la ciencia económica no es positiva, es normativa. No dice cómo somos, dice cómo deberíamos ser y comportarnos. Toma como modelo ideal esas sociedades e intenta instaurar proyectos de ingeniería social para que aprendamos a ser como esos pueblos supuestamente ideales y superiores. Por esa razón, el Profesor Ferreira aboga con su ciencia, sin ser consciente de ello, por la libre compraventa de órganos, espermatozoides y sangre, porque son las únicas conclusiones válidas y coherentes que pueden extraerse de la ley que él mismo ha anunciado como verdad científica. Este era el origen de mi crítica cuando escribí El enemigo es la cultura para el diario.es y tuve que soportar los insultos de Ferreira y sus amigos. Incluso el mismo Ferreira, que me llamó charlatán, era incapaz de entender porqué su ciencia era normativa y no positiva y tuve que escribir una entrada al respecto. No obstante, son incapaces de entenderlo, porque en su proceso para formarse como economistas académicos se han entrenado en el reduccionismo, la hipercompetencia y la deshonestidad (este último elemento es vital para sobrevivir en ambientes ultracompetitivos).

Sin embargo, la deshonestidad de Ferreira se evidencia en su propio texto cuando escribe: Ley terca como ella sola. Los últimos que la han sufrido en carne propia son los venezolanos porque esta frase no tiene sentido. Si el gobierno ha impuesto un máximo a los precios y esto ha provocado el mercado negro, en última instancia, esto es irrelevante, porque en el caso de no haber precio máximo los bienes se encontrarían en el mercado legal al mismo precio que en el mercado negro. Por lo tanto, los venezolanos no están sufriendo nada que no hubiesen sufrido de no aplicarse el precio máximo. Sólo puede explicarse ese añadido como un intento de pegarle un capón a Maduro con la ciencia económica, que siempre es tan objetiva, neutral y carente de sesgos ideológicos. Por mi parte, no hay ningún problema con pegarle un capón a Maduro. A mí no me gusta y tampoco me gustaba Hugo Chávez, pero como soy una persona honesta, jamás se me ocurriría construirme una supuesta ciencia objetiva representante del bien y la verdad (que los economistas no son platónicos ni metafísicos, ¡eh!) para erigirme como autoridad académica legitimada para decidir quién debe gobernar dónde y cómo. Mis críticas serían políticas y no estarían respaldadas por el prestigio que dan los premios Nobel. Que los economistas no entiendan esto, sólo demuestra su deshonestidad. Pero, como es evidente, a Luis Garicano no le pagarían 10.000 euros al mes por visitar las Universidad Carlos III si no fuese un científico de bata blanca y estas personas no tendrían el prestigio que disfrutan si no tuviesen su machacona música repetida por todos los altavoces posibles. El problema es que al poco que se confronten en un debate intelectual abierto, sus leyes parecen de quita y pon, condicionadas por infinidad de casos particulares que las invalidan. Ni son leyes, ni permiten predicción alguna, ni son ciencia. Son relatos repletos de estadísticas, pero relatos como los que escribimos los historiadores.

Finalmente, la economía es tan normativa que el enunciado de esta ley invalida per se cualquier posibilidad de acción política sobre el mercado. Esto es pura ideología. Entre 2002-2005, escribí y abogaba por instaurar un precio máximo por metro cuadrado a la vivienda. Mandé cartas a El País criticando las columnas de opinión de economistas de prestigio que defendían liberalizar todavía más los contratos de alquiler para lograr mercados más eficientes, pero jamás me publicaron ninguna de estas cartas al director (Curiosamente, todas las cartas que mandé a El País sobre otros temas sí me las publicaron). Intentaba defender que un precio máximo a la vivienda permitiría hacer visible el problema, introducir en el debate público la distorsión de un IPC que no recogía el coste de la vivienda y facilitaría construir una crítica social ante la especulación, alertar de la burbuja y desincentivar la legitimización social hacia la especulación. Muy probablemente, ese máximo no hubiese logrado evitar una escalada de precios, pero podía ser un instrumento que, mediante la acción social, nos ayudase a parar la burbuja. En Internet, centenares de personas escribían en los foros con argumentos similares e intentábamos que la opinión publicada recogiese estas inquietudes, mientras que los economistas seguían con el compadreo académico y el papermaking para ver que había de lo suyo. Ahí estaba la ciencia del Profesor Ferreira para decir que no éramos más que idiotas idealistas y que las personas formadas hacen muy bien en ejercer la censura contra los charlatanes como nosotros. En fin, que todos los que no les hacemos la ola somos tontos y aquí están ellos para salvarnos del abismo. En serio, señores, con genios como ustedes uno no entiende para qué necesitamos los sistemas democráticos.