Petición transparencia cálculo tasas universitarias
(Escribí este documento legal allá por el año 2012, cuando participé como profesor en las asambleas de estudiantes que, fuera de los sindicatos organizados, intentaron obligar a nuestro rector a que se opusiese a la implantación del decreto Wert. Como se pueden imaginar, no tuvo ningún éxito):
EXPONEMOS:
Durante la mayor fase de crecimiento insostenible de la economía valenciana, el sistema universitario público valenciano (SUPV), como se observa en el siguiente gráfico del Plan Plurianual de Financiamiento (http://www.uv.es/corporate/nouppf/documents/NPPF_2010-2017.pdf), estabilizó su financiación y las universidades no recibieron dinero de forma irresponsable o desproporcionada, mientras que otras líneas estratégicas de desarrollo decididas por nuestros gobernantes, o simples comportamientos delictivos, sustrajeron una cantidad ingente de recursos de las arcas públicas.
No obstante, en la actualidad todo el sistema financiero valenciano se encuentra quebrado y la situación de la comunidad es, en mayor proporción que el resto de España, crítica. En estas circunstancias, la exigencia sobre cómo gastan los fondos del contribuyente las universidades públicas se ha vuelto una prioridad justificada de nuestros gobernantes, aunque, probablemente, saber en qué se gasta el dinero público un aeropuerto sin aviones debería ser una cuestión todavía más prioritaria.
En este sentido, debemos recordar además que actual Gobierno de la Nación decidió condicionar la elaboración del presupuesto a sus expectativas electorales en Andalucía con la esperanza de que Javier Arenas pudiese lograr la presidencia de dicha comunidad autónoma. Por esa razón, se antepusieron los intereses partidistas del gobierno a la responsabilidad política y se generó un daño a la imagen internacional del país. Del mismo modo, el tiempo y la atención dedicada a los comicios electorales impidieron realizar un presupuesto de acuerdo a parámetros de racionalidad y eficiencia en el recorte del gasto público.
El resultado fue un presupuesto improvisado que tomó como principal objetivo del recorte en inversión pública una desmedida e irracional reducción en educación y ciencia como refleja el siguiente gráfico: 
Sin embargo, estos ajustes justificados sólo por intereses de cálculo electoral no fueron suficientes para calmar a los tenedores de deuda pública por la simple razón de que el presupuesto estaba mal hecho. Sólo fueron necesarias 48 horas para que cualquier persona con un mínimo de conocimientos de aritmética comprobase que los ingresos y los gastos no cuadraban: los objetivos de déficit no se cumplirían y se agravaría la recesión. En esa tesitura, cundió el pánico en el gobierno y el lunes 4 de abril se comunicaba mediante una nota de prensa un recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad.
El 13 de abril el ministro de educación, el señor Wert, explicó la necesidad de una reforma del sistema universitario español e hizo alarde de su ignorancia sobre el sistema universitario norteamericano. En su rueda de prensa afirmó que, España cuenta con 79 universidades (públicas o privadas) mientras California, con una población similar, solo tiene 10. El estado de California tenía en julio de 2011 una población de 37.691.912 habitantes, considerablemente inferior a la de España, y 130 universidades2 . En California hay más universidades por habitante que en España.
De todas formas, más allá de demostrar su ignorancia, el ministro no aclaró cuál era su plan de medidas de recorte de inversión en universidades, pero aprovechó la rueda de prensa para dar a conocer los nombres de una comisión de expertos para reformar el sistema universitario. Una comisión que tendría seis meses para entregar al gobierno sus conclusiones. Resultaba difícil entender que, si es urgente reformar la universidad, dicha comisión no se hubiese nombrado el mismo 21 de noviembre del pasado año.
El problema, empero, ha surgido con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, también conocido como decreto Wert, cuya definición y aplicación ha generado una incertidumbre y caos administrativo de proporciones considerables dentro de las universidades públicas españolas, al mismo tiempo que ha trasladado todos los costes, las externalidades provocadas por la incompetencia de la generación de actuales gobernantes, a los jóvenes españoles. El decreto Wert solicita a los profesores universitarios que se transformen en correa de transmisión de la incompetencia de los problemas generados por un bloque de poder asentado en los cargos de responsabilidad y decisión del país a una generación que no debe ver sus expectativas de futuro truncadas para mantener los privilegios de quienes no fueron capaces de hacer bien su trabajo. Pero, además de la cuestión de índole moral que hace del decreto Wert una solución fácil e improvisada inaceptable para cualquier ciudadano que crea en el concepto de responsabilidad individual, el decreto Wert es completamente ineficaz por la simple razón que exige a los estudiantes que paguen un porcentaje de un coste estimado de sus títulos académicos. Un coste que el mismo Decreto reconoce que es una estimación infundada, arbitraria, y que debe justificarse, aunque no aclara cómo ni por quién.
La problemática sobre cómo se calculan las tasas universitarias y sobre la nula transparencia en el cálculo de costes del modelo universitario español por falta de criterios contables claros y unificados ha sido recientemente abordada por el Observatori del Sistema Universitari en su informe Quant paga l’estudiant? (http://www.observatoriuniversitari.org/wp content/uploads/2012/06/InformeQuantPagaEstudiant_maig2012.pdf) . El estudio evidencia un tema que muchos sabíamos o sospechábamos, pero que tanto la administración como las universidades no querían abordar: ¿en qué nos gastamos el dinero y qué gastos cargamos sobre las espaldas de los estudiantes y los contribuyentes?
La respuesta es que no lo sabemos y que los estudiantes, a día de hoy, pagan un arbitrio que, en breve, sufrirá un incremento mínimo del 33% en el mejor de los casos. Además, la situación es todavía más grave porque casi nadie sabe cómo se calcula ese arbitrio. El hecho deseable sería que todos los estudiantes pudiesen responder esa pregunta si son ellos quienes deben abonar las tasas, aunque no hay información al respecto, por ejemplo, en la página web de la Universitat de València.
Esta información se encuentra en el Plan Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano que aporta las siguientes tablas para calcular el coste de un Estudiante a Tiempo Completo (ETC):
Frente a la extendida imagen de que los estudiantes sólo pagarán por la docencia como un cómputo derivado de las nóminas del profesorado, el hecho cierto es que los estudiantes pagan por casi todo: profesores, personal de administración, gastos corrientes, mantenimiento y amortización de las infraestructuras. Hay un sistema de cálculo ordenado en cinco niveles jerárquicos según la estimación del carácter práctico de las titulaciones, que se vincula a mayor uso de material y mayores costes. Sin embargo, cómo se calcula el gasto en personal docente es una cuestión discrecional fijada por el Plan Plurianual de Financiación (PPF). El número de profesores necesarios para la titulación (NPDI) se computa atendiendo a dos variables: una carga lectiva de 22 créditos por el tamaño medio de los grupos de teoría (TMGT). Cuanto mayor es el grupo menos profesores son necesarios. Un ETC por su matrícula de 60 créditos vería su puntaje multiplicado por el coeficiente de experimentalidad de sus estudios (exp) y dividido por las dos variables anteriores del siguiente modo: 
Por lo tanto, un ETC en un nivel 1 de experimentalidad en grupos de 80 alumnos en las clases teóricas saldría a 0,047 profesores al año (NPDI). ¡Magnífico! ¿Pero eso cuánto cuesta? Según el PPF, en 2010 se estimaba que el coste anual de un PDI era de 46.062,62 euros. Por lo tanto, 2.164,94 euros cuesta la titulación en profesorado al año. ¿Cómo se calculan los distintos costes de los servicios docentes por estudiante (cmetc) que incluyen al personal PAS, los gastos corrientes, los edificios…? De un modo similar, se hace una estimación del coste anual medio en personal, gasto, infraestructuras… se aplican unos índices y correctores y se obtiene un total. Sobre ese total final, el Decreto Wert marca una amplia horquilla para que las comunidades autonómicas decidan cuánto deben pagar los estudiantes y cuánto asumen los fondos públicos.
Sería justo que si los estudiantes deben contribuir a financiar sus estudios, supiesen cómo se calculan las tasas de matrícula. De hecho, sería incluso positivo que los profesores conocieran el sistema también. De este modo, podríamos preguntarnos si los estudiantes están pagando lo que en realidad cuestan sus estudios. Es legítimo interrogarse por el grado de efectividad del sistema en el traslado de costes reales de las universidades a las tasas de matrícula. La estimación media del coste anual de un PDI es una media y hay facultades con mayor número de profesores asociados y PAD que cobran menos que la media, pero de ese “ahorro” de costes no se benefician los estudiantes. Si los PDI funcionarios tienen mayor carga lectiva, no se está realizando ningún ahorro sobre las tasas de las matrículas de los estudiantes. Ellos pagarán más y el ahorro lo hará el gobierno, que podrá destinar esos fondos a salvar bancos o mantener las diputaciones.
Esta cuestión entronca, además, con el problema de la descompensación entre las plantillas de profesorado por facultad en la Universitat de València, por ejemplo. En la tabla reproducida en la siguiente página se recoge la plantilla a enero de 2011, última fecha con información pública disponible de todas las facultades. Cómo se puede observar el porcentaje de catedráticos y de asociados sufre de drásticas variaciones entre centros, variaciones que tienen una correlación directa en la masa salarial del profesorado y que suponen la base sustancial del coste de las carreras y no su índice de experimentalidad. Es posible que la Facultad de Derecho no requiera de un gran dispendio en materiales para impartir sus titulaciones, pero tenía un catedrático cada 98 estudiantes en enero de 2011, mientras que en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte había un catedrático para 840 estudiantes. Lo mismo ocurre con la proporción de PDI por alumno y con cualquier otro indicador que se quiera usar: la desviación estándar sobre el promedio demuestra, simplemente, que promediar el coste ideal del profesorado y aplicar un corrector por el grado supuesto de experimentalidad de los estudios es la peor forma posible de calcular el coste de los estudios.
Todo esto era evidente para el legislador, pero hasta hace pocos días no era un tema de debate público y discusión y el legislador no tenía necesidad de dar respuestas satisfactorias ante estas anomalías. Sin embargo, el Decreto Wert ha puesto en el centro del problema estas anomalías y deben resolverse antes de aplicar ningún incremento en las tasas de matrícula. De hecho, en la pasada reunión del Ministerio de Educación con los rectores se reconoció esta incongruencia y se propuso la creación de comisiones de trabajo para establecer los criterios de contabilidad aplicada que permitirán saber el coste real de las titulaciones, porque pagar el 20% del coste total de un arbitrio injustificado es, sencillamente, un abuso propio de los tiempos feudales.
Por lo tanto, los abajo firmantes,
SOLICITAMOS:
1º) Una reunión con el Director General de Universidades para que nos comunique cómo ha diseñado los grupos de trabajo que deben calcular el coste real de las titulaciones universitarias, su composición, su metodología de trabajo y qué fecha han decidido para la entrega de sus resultados.
2º) Que dichas comisiones integren a un representante de los estudiantes por facultad elegido por las Juntas de Facultad respectivas para que compruebe que toda la documentación aportada y los cálculos realizados corresponden con los gastos reales que las titulaciones implican y que a dichas titulaciones no se imputan gastos de terceros como los sueldos de los vicerrectores, sus Iphones a cuenta de la empresa y el uso que hacen de sus tarjetas para gastos ocasionales.
3º) Que todo el trabajo realizado por estas comisiones de trabajo con la documentación aportada por las instituciones se cuelgue en la página de la Conselleria para que sea de consulta pública y pueda ser fiscalizada por cualquier ciudadano.
4º) Que las facultades publiquen en su web:
i. El coste real de toda la masa salarial del PDI y su promedio por estudiante
ii. El coste real de toda la masa salarial del PAS y su promedio por estudiante.
iii. El coste real de todo el gasto corriente y su promedio por estudiante. iv. El coste real del mantenimiento y su promedio por estudiante.
