Las torpezas de Garicano: su segunda reforma de la universidad. Tercera parte

Hoy proseguimos desgranando las propuestas de Garicano para reformar la universidad, a pesar de que, gracias a Twitter, sabemos que Garicano ha decidido en el día de hoy explicar a los socorristas cómo deben hacer su trabajo para que puedan atenderle eficazmente si se diera el caso de que se ahogara mientras intenta aprender surf y, por lo tanto, imaginamos que en breve nos presentará un nuevo ranking de banderas escalado sobre 1.500 puntos que nos permitirá saber que si la puntuación del mar es de 983 tenemos un 0’7% más de probabilidades de surfear satisfactoriamente que si la puntuación fuese de 971, pero que a partir de los 1.000 puntos, dicha probabilidad decrece hasta un mínimo del 0’4% por incrementos superiores al 15% de dicha puntuación. Como es obvio, los economistas nos hacen la vida más fácil en su búsqueda de la eficiencia.

Sirva este sarcasmo para introducir el principal problema del análisis de Garicano: su total desconocimiento sobre cómo funciona la universidad española o su organización institucional. Estas carencias se revelan en su estilo literario de tintes marxista de Groucho, que le lleva a afirmar que (pág. 6) Es, en particular, la misión de la universidad pública puesto que es un servicio público, pero esto no conlleva equipararla a otros servicios públicos en cuanto a formas de contratación, financiación, etc. La autonomía universitaria debería ser muy amplia aunque las CCAA, en coordinación Estado, deben tener la capacidad de, en situaciones extraordinarias (incumplimiento de objetivos), propiciar fusiones o cerrar centros disfuncionales. Usar debidamente la autonomía universitaria requiere un cambio de mentalidad. Las universidades constituyen un servicio público y, por tanto, deberían estar más al servicio de la sociedad y menos de sí mismas. El público al que han de servir son los estudiantes y la sociedad en su conjunto, no los intereses gremiales dentro de la universidad, como desafortunadamente ocurre a menudo.

En primer lugar, la autonomía universitaria no debería ser muy amplia, porque ya lo es. Por el contrario, si propone la capacidad de intervención de las instituciones políticas sobre la universidad es un tema complejo que debería detallarse y argumentarse. En este sentido, sólo propone una medida concreta real (pág. 13):

El Consejo Social y Consejo de Gobierno debe ser sustituido por el Consejo de la Universidad, con 21— 25 miembros y con mayoría absoluta de académicos para garantizar la autonomía universitaria. Se propone que un 25% pueda ser nombrado por la Comunidad Autónoma para dar participación a la sociedad civil, pero con medidas (“anti Cajas de Ahorro”) que eviten todo tipo de injerencia improcedente: “la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o con haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros, en los cuatro años anteriores. La aceptación de un cargo público de un miembro del Consejo implicará su cese inmediato”. El Consejo de la Universidad nombra al Rector, que responde ante él. El Rector puede ser un académico extranjero.

En un principio, imitar el board de las universidades norteamericanas no me parece una mala idea, pero esto no es una propuesta propia de un adulto. Garicano nos habla de un 25% elegido por las Comunidades Autónomas, pero se olvida de explicarnos cómo se elegiría al 75% restante. Es, ciertamente, propio de alguien muy perezoso crear un sistema de representación y olvidarte del 75% de los representantes. Por otra parte, tampoco especifica quién elegiría a ese 25%: ¿el gobierno autonómico o los parlamentos autonómicos? A título personal, preferiría una lista consensuada con el apoyo de 3/5 de la cámara autonómica y con el requisito de que los representantes tuviesen un título académico expedido por la universidad a la que van a supervisar.

Sin embargo, Garicano propone vaciar todavía más de contenido a los claustros del siguiente modo: Se propone que los Claustros sean mucho más reducidos, con 60— 70 claustrales para las universidades grandes y menos para las pequeñas, con un 80% de PDI, un 10% de estudiantes y un 10% de PAS. El Claustro es un órgano fundamentalmente consultivo, pero con capacidad de elevar propuestas al Consejo de la Universidad. Es difícil imaginar cómo los estudiantes van a importar más en la universidad con una presencia testimonial en el claustro, no se los incluye en el board y en los dos espacios de decisión los profesores titulares serán mayoría. Por lo tanto, si Garicano pretendía que los órganos de gestión no fuesen cuarteles de defensa de los intereses gregarios del cuerpo docente funcionarial, su propuesta va, precisamente, en ese sentido.

De igual modo, Garicano se olvida de explicarnos cómo se elegiría al Rector, aunque podemos suponer que el board haría un proceso de contratación pública y escogería a quién más le gustase. Es el sistema norteamericano y, sinceramente, puede funcionar mejor que el diseñado en la LOU del 2001, pero este nuevo Rector-Presidente tendría, teóricamente, grandes poderes ejecutivos como: El Rector debe tener mayor poder ejecutivo. Nombra a Vicerrectores, Decanos y Directores de Centro y ratifica, como ahora, la elección de los Directores de los Departamentos por los miembros de éstos. La única novedad sería el nombramiento directo de decanos, a pesar de que en la práctica las elecciones de la Junta de Facultad siempre las gana una lista única oficialista apoyada por el rectorado, porque nadie en su sano juicio querría tener un decano enfrentado al rector, porque eso significa cero promociones a catedrático, supresión de másters y fagocitación de las titulaciones propias por otras facultades. Es decir, nuestros actuales rectores ya disfrutan de los poderes que Garicano quiere otorgarles.

No obstante, Garicano cree que este Presidente-Rector ejercería con mayor integridad sus competencias gracias al sistema de incentivos diseñado por él mediante el sistema de financiación, porque para sobrevivir deberían puntuar en las casillas que Garicano ha preparado. El problema, empero, es que no es posible entender con detalle cómo funcionaría este sistema de recompensas. Nos dice (pág. 11): Financiación por objetivos, basada en su especialización y en una evaluación externa y objetivable de la universidad y sus centros. Perfecto ¿pero qué objetivos y cómo los medimos sin aumentar la burocracia? Pues sería esto.

Es necesario que un 20— 25% de la financiación dependa de resultados y revierta directamente en los departamentos y centros que los han generado. Establecimiento de incentivos económicos a los PDI de los mejores departamentos. En particular, la financiación debe seguir a la evaluación de los resultados de dos maneras:

o Resultados en investigación evaluados, como se ha dicho arriba, por criterios bibliométricos de impacto.

o Resultados docentes, medidos por la tasa de empleo de los graduados en los programas de la Universidad, medidos por los ficheros de empleo de la Seguridad Social.

Primer problema ¿quién hace las mediciones bibliométricas? Supongo que sería el grupo EC3 de la Universidad de Granada y amigos de… FEDEA y los chicos de Nada es Gratis, aunque también se da el caso que invitamos a uno de sus miembros a unas jornadas sobre bibliometría organizadas por Joves Investigadors y una de sus conclusiones fue que los indicadores bibliométricos no son una buena herramienta para decidir la financiación por sus sesgos. De hecho, hay disciplinas que carecen de indicadores bibliómetricos y si además unes la financiación a este indicador, provocas el efecto Campbell típico de las mediciones paramétricas (como te dan dinero por puntuar en X, te dedicas a puntuar en X para lograr más dinero y X ya no mide lo que originariamente se suponía que debía medir, porque ha distorsionado nuestra forma de trabajar). Cuando alguien apela con la autoridad que usa Garicano a la ciencia bibliométrica, revela que, simplemente, no sabe nada de bibliometría.

En segundo lugar, medir la calidad docente por la empleabilidad de los graduados es un absurdo repleto de sesgos y condicionantes que sólo a un economista con algún tipo de autismo formado por un autista de la Universidad de Chicago como Gary Becker se le podría ocurrir. Todo esto sin entrar a valor que necesitaríamos burócratas estalinistas que tuviesen acceso a la vida laboral de los antiguos estudiantes vía la Tesorería General de la Seguridad Social para decidir los fondos destinados a los departamentos (¿por cierto, de quién sería el mérito de que un graduado en Turismo tuviese trabajo, cuando en su formación intervienen más de diez departamentos y cuatro facultades en el caso de la Universitat de Valencia, pero en otras universidades sólo dependen de una facultad?). No se puede dudar que Garicano es un tecnócrata amante de la libertad, el orden espontáneo y el libre funcionamiento de un mercado hiperregulado y tasado por burócratas no estalinistas.

Esta obsesión por medirlo todo propia de los cuantitativistas alcanza el absurdo en Garicano (Nota: es curioso que los cuantitativistas sean mayoritariamente hombres. Me temo que esa necesidad de medirlo todo y compararse con los demás proviene de malos hábitos adquiridos durante la adolescencia, probablemente originados por una falta de autoestima derivada del hecho objetivo de descubrir una masculinidad expresada en centímetros por debajo de la media… pero quién sabe, puede que sea yo muy freudiano en estas cosas). Al final, nos viene a proponer (pág. 9) como grandes referentes los clásicos rankings:

Evaluación absolutamente externa de la calidad de la investigación de las universidades con arreglo a cuatro criterios, que no implican gastos especiales y que son sencillos de aplicar, pues todos los datos son conocidos y accesibles. Esto es esencial para que la evaluación se realice: pedir costosos refinamientos —que, además, no perfeccionarían nada— es propio de quien realmente no desea que la evaluación tenga lugar (como han mostrado muchos de las críticos a toda propuesta de evaluación). Aquí, como casi siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno. Los cuatro criterios son:

1) Posición en los tres mejores rankings internacionales (ARWU de Shanghái, QS y Times Higher Education), así como otros rankings más detallados para el caso español que son consistentes con los tres internacionales (IVIE— BBVA).

2) Clasificación según los sexenios de investigación concedidos a su PDI.

3) Clasificación por proyectos de investigación, financiación externa obtenida, contratos, patentes, transferencia, innovación, doctorados de excelencia y similares.

4) Internalización: capacidad de atraer estudiantes y profesores en competición con otras universidades a nivel internacional.

En cuanto a la investigación de profesores individuales y departamentos, se desarrollarán rankings bibliométricos para evaluar la investigación de cada profesor y departamento dentro de su área.

En primer lugar, el ranking del IVIE tiene poco que ver con los tres anteriores, pero es que los tres anteriores tienen sus sesgos y no son precisamente neutrales u objetivos. Al respecto, esta gran entrada Nadie sabe de Shanghái, o el blog University Ranking Watch sobre el fraude intelectual y económico que son estos rankings (sí, se hacen para hacer dinero, no por amor al conocimiento). Como siempre, Garicano desconoce todas estas problemáticas (al fin y al cabo, cree en el test PISA, otro ranking que te dice si tu país es mejor que X… Cuántos problemas de autoestima arrastran los economistas tecnócratas, xD).

De hecho, todos estos rankings suelen dejar muy mal a las universidades alemanas, cosa que molesta mucho a los alemanes y hace que estén, como siempre, enfadados con el imperialismo anglosajón y con ganas de tener un imperio propio (las consecuencias de esta rabieta, por cierto, la sufrimos los países del Sur de Europa ahora). No hay que olvidar que universal significa anglosajón y que el inglés es un idioma internacional que no pertenece a ningún país y por eso España puede transformarse en una economía de servicios como Irlanda con la misma facilidad. No estoy bromeando, para lograr la internacionalización de nuestras universidades Garicano propone (pág. 15): Adaptar modelos de éxito en países comparables como Australia o Canadá, con políticas publicas integradas y favorecedoras de la internacionalización educativa como eje estratégico de desarrollo competitivo.

Como precisamente trabajo para una universidad norteamericana y doy mis clases en inglés, puedo asegurar que esto no es tan fácil por mucha voluntad que los tecnócratas estalinistas como Garicano quieran ponerle. Asimismo, que Garicano considere que Canada y Australia son países comparables a España… pues bueno, lo de siempre, que es un autista que no sabe qué idiomas se hablan en cada país.

Finalmente, Garicano hace otro alarde de indolencia cuando aborda el tema de la contabilidad de las universidades. Quiere medirlo todo, compararlo todo, aunque no dice ni por quién ni cómo y al tratar el tema más cercano a su disciplina, la contabilidad, nos dice (pág. 11): Es necesario un mejor conocimiento de los costes reales de las universidades (uso de contabilidad analítica). ¿No podías explayarte un poco más sobre esto? ¿Cómo unificar la contabilidad de todas las universidades? ¿Cómo fiscalizarla? No es posible que yo haya escrito más sobre el tema que tú, que eres professor en la LSE. En resumen, que Garicano no sabe de lo que escribe y no quiere hacer ningún esfuerzo en saber.

Sin embargo, eso no es lo más grave. Lo realmente preocupante es la ideología de Garicano, que se revela al afirmar (pág. 11): Tasas universitarias, reguladas por las CCAA en coordinación con el Estado, siguiendo el principio de que cualquier incremento de tasas debe ir acompañado de un incremento de becas que garantice la igualdad de oportunidades a quienes se lo merezcan y las aprovechen.

La igualdad de oportunidades no debe garantizarse a quién lo merezca y lo aproveche. La igualdad de oportunidades no se debe merecer, es un derecho ideal que debemos garantizar para que las personas puedan demostrar su valía. Si alguien afirma que la meritocracia es que los pobres válidos sí merecen una oportunidad, mientras que los pobres no válidos no, ya ha establecido una distinción en la valía, en el mérito (ex ante, que dirían los economistas) previa al teórico sistema meritocrático que debe determinar dicha valía o mérito (ex post, que dirían ellos). Es decir, ya han excluido y discriminado por razones previas y extemporáneas a grandes sectores de la sociedad de cualquier oportunidad de prosperar. Para resumir, Garicano, que eres un clasista y, sospecho, un racista, aunque, probablemente, ni te das cuenta.